El Gobierno porteño licitó la construcción de cinco estacionamientos subterráneos bajo plazas y parques de Barracas, Parque Patricios, Palermo, Núñez y Belgrano. La inversión es íntegramente privada, la concesión dura 20 años y las ofertas cierran el 6 de mayo. Pero la iniciativa llegó sin audiencia pública ni consulta previa, y los vecinos empiezan a organizarse: en Parque Patricios hay una asamblea activa, y en Palermo el rechazo quedó en evidencia el 11 de abril, cuando vecinos y representantes comunales se reunieron en Plaza Armenia y cuestionaron el impacto ambiental, la densificación del barrio y la ausencia de participación vecinal en el proceso.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el 6 de abril una licitación pública para construir, mantener y explotar cinco estacionamientos subterráneos en plazas y parques de cinco barrios porteños.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta N.º 9/MJGGC/26 y responde a una iniciativa privada presentada por la empresa E-ARG SRL, declarada de interés público por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño. Pliego de Bases y Condiciones en este enlace.
Los cinco sitios son:
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el Parque España, en el triángulo delimitado por las calles Baigorri, Amancio Alcorta y Caseros (Barracas, Comuna 4);
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el predio en la intersección de Lavardén y Los Patos (Parque Patricios, Comuna 4);
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la Plaza Inmigrantes de Armenia, conocida popularmente como Plaza Armenia, delimitada por las calles Armenia, Costa Rica, Nicaragua y Malabia (Palermo, Comuna 14);
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el Parque de la Innovación (Núñez, Comuna 13);
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la Plaza Noruega, ubicada en Mendoza entre Amenábar y Ciudad de la Paz (Belgrano, Comuna 13).
El objetivo declarado es regular el ingreso de vehículos al área central de la ciudad y desalentar la congestión vehicular. Las playas están pensadas como estacionamientos «disuasorios»: se ubicarán cerca de centros de transbordo para que los conductores provenientes de los barrios periféricos o del Gran Buenos Aires dejen sus vehículos y continúen el viaje en transporte público.
La capacidad total estimada es de 1.500 vehículos, en una ciudad donde habitualmente circulan cerca de un millón y medio de autos.
El esquema financiero y los plazos
El pliego prevé una concesión privada por 20 años. La inversión total estimada es de USD 60 millones, íntegramente de capital privado. Los adjudicatarios deberán asumir la totalidad de los costos de construcción y operación, a cambio de la explotación comercial de los espacios. El canon base mensual fijado a partir de una tasación del Banco Ciudad asciende a $95.596.312, monto que funcionará como piso para las ofertas. El Gobierno no podrá subvencionar ni la construcción ni la gestión de las playas.
Además del estacionamiento, el pliego habilita la incorporación de gastronomía, entretenimiento y áreas verdes renovadas, siempre que no alteren la finalidad principal. También se prevé la integración con la red Blinkay de estacionamiento medido y la posibilidad de ofrecer beneficios tarifarios para quienes combinen la playa con el Pase Subte u otras tarjetas de movilidad.
El plazo máximo de construcción es de 24 meses por cada estacionamiento. El llamado a ofertas permanece abierto hasta el 6 de mayo a las 12 horas, con apertura de sobres ese mismo día en Av. Martín García 346. Los pliegos están disponibles de forma gratuita en el portal del Gobierno de la Ciudad.
La nueva licitación introduce un cambio de modelo respecto a esos antecedentes: el Estado no aporta fondos ni garantiza rentabilidad, y la inversión corre íntegramente por cuenta del adjudicatario.
Antecedentes
El proyecto no es nuevo en su concepción. En 2000 se aprobó la Ley 469, que preveía 13 estacionamientos subterráneos bajo plazas y parques porteños. La falta de interés empresario y la inacción del Gobierno —que nunca reglamentó la norma— hicieron que los avances fueran nulos.
En 2009 se sancionaron dos leyes más que sumaron decenas de nuevas playas, tanto de carácter vecinal como disuasorio.
El total habilitado por las tres normas rondaba las 55 playas, de las cuales se construyó una sola: la ubicada bajo Plaza Emilio Mitre, en Recoleta, inaugurada en 2011 tras once años de espera.
Los intentos posteriores tampoco prosperaron. El Parque Las Heras, en Palermo, llegó a tener obras valladas en 2010 antes de ser frenado por un amparo vecinal que cuestionaba el riesgo para el arbolado y el patrimonio arqueológico del predio. Plaza Noruega, en Belgrano, fue relicitada al menos una vez, en 2016, sin resultado.
Oposición Vecinal
La resistencia vecinal al proyecto es, por ahora, desigual según el barrio.
La Asamblea de Parque Patricios rechaza la intervención en el predio de Lavardén y Los Patos por el impacto que las excavaciones generarían en el entorno —ruido, polvo, escombros— y por el riesgo de derrumbes. El antecedente que alimenta ese temor es cercano y concreto: el 3 de marzo pasado, una losa colapsó en el estacionamiento subterráneo de un complejo de viviendas del barrio, destruyó decenas de vehículos y obligó a evacuar a cientos de residentes. Aunque el Gobierno porteño levantó la clausura el 18 de marzo, las denuncias por fallas estructurales continuaron.
El 11 de abril, vecinos de Palermo junto a la comunera María Paz Carreira Griot y a María José Lubertino, se reunieron en la Plaza Inmigrantes de Armenia para debatir el proyecto y fueron entrevistados por la Televisión Pública. El rechazo fue unánime. Los argumentos apuntan en varias direcciones:
- el valor de uso cotidiano de la plaza —frecuentada por niños, adultos mayores y familias de la zona—,
- su condición de espacio verde en un barrio densamente poblado y con pocas alternativas hasta los Bosques de Palermo,
- y el impacto ambiental de impermeabilizar el suelo con una losa de cemento, con consecuencias potenciales sobre la absorción de agua de lluvia en un contexto de cambio climático.
Pero la crítica más fuerte apuntó al proceso: la licitación fue lanzada sin audiencia pública, sin consulta previa y sin ninguna instancia de participación vecinal.
«No tuvimos voz ni los vecinos de esta plaza ni los vecinos de las otras plazas«, resumió una de las asistentes. Los vecinos señalaron además una contradicción: un gobierno que convoca regularmente a los vecinos para debatir temas de seguridad omitió cualquier consulta ante una intervención que afectará de forma permanente uno de sus principales espacios verdes.
Fuentes: GCBA – Ámbito – Infobae – Economía Sustentable