El gobierno de la ciudad de Buenos Aires saca a subasta, el día 18 de febrero a las 11 hs., el edificio público ubicado en Beruti Nº 3345/3347 esquina a la Avenida Coronel Diaz Nº 2110/2120/2126, donde funciona hoy la Comuna 14 con un Precio Base: USD 20.000.361. Las ONGs denuncian que el precio por metro cuadrado se vendería a la mitad de lo que cotiza en realidad. #subastapública #tierraspúblicas #comuna14 #bancociudad #rematedetierraspublicas #remate
El gobierno porteño subastará, el viernes 18 de febrero, al edificio en el cual actualmente funciona la Comuna 14 (más el Registro Civil y otras dependencias), sito en Beruti Nº 3345/3347 esquina a la Avenida Coronel Diaz Nº 2110/2120/2126:
- Lugar de la Subasta:Banco Ciudad
- Modalidad: Electrónica
- Fecha y Hora: 18 de Febrero de 2022 , 11:00 hs.
- Cierre de Inscripción: 16 de Febrero de 2022, 11:00 hs.
- Precio Base: USD 20.000.361
- Constitución de Garantía (3% valor base): US$ 600.010
- Información de la Propiedad
- Barrio / Comuna: Palermo/Comuna 14
- Tipo de Inmueble: Finca
- Superficie de terreno según título: 2.401,56 m2
- Frente al Sud o Sud Oeste sobre la calle Beruti según título: 70.31 m2
- Frente al Este o Sud Este sobre la calle Coronel Diaz según título: 37.35 m2
Estado de Ocupación: Ocupado
El inmueble, que consta de PB, subsuelo y 6 pisos, está ubicado en una de las zonas más caras de la Ciudad y el gobierno intentó sacarlo a subasta el 15 de diciembre de 2021, pero se vieron obligados a cambiar la fecha debido a la falta de oferentes. En este lote se podrían construir 22,80 metros de altura y dos retiros.
«El Gobierno se desprende de edificios que tienen un alto valor inmobiliario. Son inmuebles bien ubicados que salen al mercado con un precio muy bajo. Son los únicos que se pagan en pesos en la Ciudad y además en cuotas. Esos son beneficios que ningún privado conseguiría en el mercado formal«,declaró a Télam Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad e integrante del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
El Observatorio por el Derecho a la Ciudad, emitió un informe que demuestra que desde que comenzó la pandemia el Gobierno porteño vendió 67 inmuebles a precios «irrisorios» por un total de 65.755.858 dólares. En total implican más de 10.000 metros cuadrados de edificios y 1,3 hectáreas de terrenos públicos que pasaron a manos privadas. «Las subastas públicas en la ciudad tienen un aroma a cartelización, a un acuerdo de las empresas dominantes en el reparto de quienes se apoderan de los suelos públicos. Es recurrente que en las subastas sólo se presente un sólo oferente«, analizó el abogado Jonatan Baldiviezo a Télam, asegurando que son muy pocas las empresas que tienen la capacidad para adquirir las tierras que salen a la venta en la ciudad de Buenos Aires.
«La Ciudad no debería enajenar tan livianamente sus propiedades. Además, vale aclarar que se está disponiendo de un patrimonio que no pertenece a un funcionario o legislador, sino que es de todos los porteños y porteñas«, explicó a Télam María José Leveratto, arquitecta especialista en sustentabilidad ambiental que también integra el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas. Luego agregó que «La tierra pública es un bien escaso muy difícil de recuperar una vez que se vende, particularmente cuando se trata de edificios significativos y grandes predios. Contar con tierra y edificios le permite al Estado definir e influir en cuestiones muy diversas como el valor del suelo, la revitalización de áreas urbanas, el precio de alquileres y otras cuestiones. Es una herramienta imprescindible para orientar el desarrollo urbano«.
No es la primera vez que lo subastan
fuente: La Prensa del 16.02.2001
En 1996, el fiscal José María Campagnoli, realizó un presentación «denunciando la subasta del edificio de Coronel Díaz y Beruti, sede de la ex Inspección General municipal, y el alquiler de un inmueble en Sarmiento 667 para reubicar esa dependencia comunal. Durante la investigación se acreditó que la Municipalidad se había comprometido a pagarle al propietario del edificio de Sarmiento 667, Néstor Horacio Acerbo, un alquiler de 67.000 dólares mensuales a lo largo de cinco años. En ese marco, el fiscal Campagnoli denunció que Acerbo era por entonces concesionario de los parques municipales Sarmiento y Roca, y que había incumplido varios de sus compromisos con la comuna porteña. No obstante, su inmueble fue elegido sin mediar licitación alguna, para convertirse en la nueva sede de la Inspección Municipal, mediante una gestión directa del subsecretario Askenazy con Acerbo, dice la denuncia. La indagatoria a la que fue llamado por Mariano Bergés -primer juez de esta causa- y los enfrentamientos con el Concejo Deliberante, derivaron en que el ex intendente y ministro de Defensa menemista anulara la subasta del edificio de Coronel Díaz y el alquiler del predio de Sarmiento 667 en mayo de 1996. Apenas horas después, otra Sala de la Cámara del Crimen, la IV, revocó su procesamiento y separó a Bergés de la causa. Tras pasar por el juzgado de Alberto Baños, finalmente la causa recayó en la jueza de instrucción María Gabriela Lanz, quien sólo pudo indagar a Domínguez una vez que éste perdió sus fueros como ministro de Defensa. A mediados del año pasado, la magistrada procesó a Domínguez, y el fallo fue confirmado ahora por la Cámara, por lo que la causa parece encaminarse al juicio oral y público».