El gobierno nacional continúa con el reclamo por el predio de La Rural

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El proyecto de expropiación de la Rural sigue en pié
El proyecto de expropiación de la Rural sigue en pié
En pocos día comenzará el juicio oral y público contra, entre otros, el ex presidente Carlos Saúl Menem y el ex ministro de economía Domingo Cavallo, sobre quienes recae la acusación de haber vendido, en el año 1991, sin autorización, al predio de La Rural, que forma parte del Parque Tres de Febrero a la Sociedad Rural Argentina, por 30 millones de dólares (25% de su valor real), que debería haber sido abonado en cuotas. De acuerdo a los argumentos del gobierno de Mauricio Macri, la Sociedad Rural solo abonó 6,5 cuotas, razón por la cual solicitará a la Justicia que el predio vuelva a manos del Estado. Los otros acusados son dos ex funcionarios del Ministerio de Economía, seis de los Bancos Ciudad e Hipotecario y dos dirigentes de la Sociedad Rural.

Según informa La Nación, la fiscal Gabriela Baigún irá contra los exfuncionarios y los ejecutivos de la Sociedad Rural que realizaron la operación y además reclamará que el predio de Palermo regrese al patrimonio del Estado. De la misma manera, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), querellante en la causa como organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Marcos Peña, presentará el mismo reclamo. 

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había firmado un decreto que anulaba la venta de Menem del predio de la Sociedad Rural. La entidad reclamó a la Justicia por esa norma. En el año 2013, a raíz de un recurso, la medida fue suspendida por un amparo que luego fue avalado por la Corte Suprema. Pese a ello, en 2016, la actual gestión, respondió la demanda continuando de esta manera con los pasos procesales hasta que se defina la cuestión.

El argumento por el cual se reclama la devolución del terreno se sostienen en la diferencia del precio por el que se realizó la transacción: 30 millones de dólares frente a los 131,8 millones que estimó un peritaje judicial y, también, por el plazo de los pagos, incluida una renegociación que se hizo en 2001 y que dejó pendiente cumplir con tres cuotas que suman seis millones.

El diario La Nación publicó que el gobierno de Mauricio Macri afirma que el decreto firmado por la ex-presidenta “es correcto” y así lo afirmó la Procuración en la contestación de demanda que presentó el 21 de abril del año pasado y que coincide con Cristina Fernández de Kirchner en la “invalidez” del decreto de Menem (el 2699), que considera que el precio de venta “fue vil”.

La Sociedad Rural sostuvo que el traspaso fue correcto y ratificaron que seguirán discutiendo el conflicto en la Justicia.

PRIVATIZACIÓN 20/12/1991

El presidente Carlos Menem autorizó la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina. El predio era la sede de la tradicional exposición agropecuaria desde 1878. Por un terreno de 30 hectáreas ubicado frente a Plaza Italia, la entidad del campo pagó US$ 30 millones.

RECLAMO 19/12/2012

A través de un decreto, la entonces presidenta Cristina Kirchner reclamó la devolución del terreno a manos estatales con el argumento de que la venta se había concretado “en una situación irregular”, en el medio de en enfrentamiento entre el Gobierno y el campo. Concretamente, el kirchnerismo denunció que la venta se había hecho a un “precio vil” (US$ 30 millones), cuando su valor de mercado era mucho mayor. Un peritaje judicial lo estimó en US$ 131,8 millones.

FALLO JUDICIAL 4/1/2013

La Rural apeló el pedido de expropiación y logró que la Cámara Federal Civil y Comercial suspendiera el decreto. El 21 de agosto de ese año la Corte Suprema de Justicia confirmó la medida cautelar de la Cámara, con cinco votos a favor de la entidad del campo y cuatro en contra.

RATIFICACIÓN DEL GOBIERNO 21/4/2016

La administración de Mauricio Macri contestó la demanda, decidiendo así seguir con los pasos procesales hasta que no se defina la cuestión de fondo. “El concepto es: no cambiamos nada hasta que se resuelva la causa madre”, explicaron en el Gobierno.

La contestación de la demanda que presentada por la Procuración de la gestión Macri (abril/16) coincide con Cristina Fernandez de Kirchner en la “invalidez” del decreto 2699 de Menem: “Este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable, es decir, un acto irregular”, afirma el documento, y enumera entre los “vicios” que no se haya calculado el valor del terreno a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, como exigía la ley 21.626, sino mediante una estimación de los bancos Hipotecario y Ciudad y de un consorcio de inmobiliarias. “El precio de la venta fue «vil», considerando el valor del Predio Ferial de Palermo”, agrega.

La Procuración también objeta que para el traspaso se haya utilizado el sistema de contratación directa, un mecanismo que define como excepcional, sin justificar para eso “circunstancias técnicas, sociales, económicas o de interés general” que lo ameritaran, algo que tampoco se hizo para explicar el “diferimiento del pago”. También que el predio se haya utilizado con fines comerciales y la celeridad con que se conformó la sociedad para adquirirlo: “Si bien formalmente se justificó que la venta se hacía por contratación directa porque la entidad adquiriente utilizaría el bien «con destino exclusivo al cumplimiento de sus fines estatutarios», los actores de la operación sabían que utilizando una sociedad anónima que conformaron el mismo día de la venta destinarían el bien a una finalidad comercial”.

La Procuración además afirma, en otro apartado, que es válido el decreto de Cristina Kirchner (el 2552). La entonces presidenta lo firmó el 19 de diciembre de 2012 con el objetivo de recuperar el terreno, decisión que en su momento anunció el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, con el argumento de que la venta se había concretado “en una situación irregular por parte de la Sociedad Rural Argentina”. La medida se concretaba en un entorno de controversias entre el Estado y la entidad agropecuaria y políticamente convulsionado, en medio de saqueos a supermercados antes de la Navidad. Un año y medio antes, en junio de 2010, en una causa penal iniciada por la Asociación de Amigos del Lago de Palermo, entidad que también reclama el inmueble, el juez Sergio Torres había dictado varios procesamientos con un duro argumento: “Se han reunido elementos para sostener que estamos ante un concierto de voluntades que tuvo por fin sustraer del patrimonio del Estado nacional el inmueble en el cual se ubica el Predio Ferial de Palermo, y en ello han intervenido funcionarios de la administración central y dirigentes de la Sociedad Rural Argentina”. El precio calculado en la etapa de instrucción de esa causa, 131,8 millones de dólares, fue incluido entre los considerandos del decreto de Cristina Kirchner.

La Rural apeló la medida y logró que la Cámara Federal Civil y Comercial suspendiera el decreto el 4 de enero de 2013, decisión que la Corte Suprema confirmó en agosto de ese año con cinco votos a favor de la entidad agropecuaria -Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Elena Highton y Carmen Argibay- y dos en contra, a cargo de Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni.

Pero el gobierno de Macri sostiene ahora que aquella determinación de la ex presidenta fue correcta. Así lo consigna la nota que la Procuración le envió al juez en el apartado 3.1.2, que subtitula “validez del decreto N° 2552/12”. “La revocación en sede administrativa que dispuso este acto del decreto 2699/91 [el de Menem] constituye un acto válido y legítimo”, insiste, y agrega que “el decreto N° 2699/91 es un acto irregular, que detenta vicios que ocasionan la nulidad absoluta e insanable, y por lo tanto la administración tenía el deber de revocarlo aun en sede administrativa”. Después agrega que “la Sociedad Rural Argentina conocía los vicios del citado decreto (porque fue en parte partícipe de su producción), por lo cual no podía invocar la estabilidad del acto en su favor”.

Los voceros de la Rural defendieron las condiciones en que se hizo el traspaso. “Se convocó a los bancos Hipotecario y Ciudad de Buenos Aires y a un consorcio de inmobiliarias para determinar el valor del inmueble, no se hizo un uso irrestricto del bien, sino que se empleó sólo a los efectos del predio ferial, se invirtieron 70 millones de dólares y se cumple con el aporte del 5% al Estado de lo que se recauda en boleterías”, agregaron, y ratificaron que seguirán discutiendo el conflicto en la Justicia.