La Legislatura de la Ciudad autorizó la venta de terrenos transferidos por la Nación

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La Legislatura de la Ciudad autorizó la venta de terrenos transferidos por la Nación
 

 

La Legislatura porteña aprobó hoy una ley que faculta al Poder Ejecutivo a vender doce terrenos que fueron cedidos a la Ciudad de Buenos Aires por el gobierno Nacional, entre los que se encuentran polígonos delimitados dentro del Barrio Padre Carlos Mugica de Retiro, el Mercado de Hacienda de Mataderos y la Estación Dorrego de Villa Crespo como los más importantes. Lo recaudado tendrá como destino el financiamiento de programas de infraestructura en salud, educación y vivienda, como así también la cancelación de amortizaciones de deuda.

Los inmuebles que forman parte del polígono denominado Barrio Padre Carlos Mujica, según la ley, serán enajenados «con el fin de brindar soluciones habitacionales definitivas, facilitar el funcionamiento de las sedes de organizaciones de la sociedad civil, establecimientos comerciales y para el desarrollo de equipamiento socio-urbano«. Un consenso alcanzado modificó este jueves la redacción del proyecto e incluyó en uno de sus artículos que «el Gobierno de la Ciudad deberá garantizar la construcción de al menos dos nuevos establecimientos educativos dentro del polígono Barrio Padre Carlos Mugica» y aclara también que deberán construirse de forma adicional a los polos educativos Mugica y María Elena Walsh.

Además, se establece que sobre el terreno del Mercado de Hacienda «el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantendrá el dominio de la superficie destinada para uso y utilidad pública de acuerdo a lo que establezca la Ley de Desarrollo e Integración Urbana del Predio Mercado de Hacienda, siendo la mencionada superficie del 65% del total«.

La iniciativa tuvo despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside la diputada Paula Villalba (VJ). En su tratamiento en Comisión, el diputado Mariano Recalde (UC) presentó un dictamen de minoría al considerar que «la enajenación de los terrenos contenidos en el articulado de la presente norma constituiría una decisión inadecuada en materia de administración de los activos y pasivos de la Ciudad. No existen razones de emergencia financiera para que esta Legislatura apruebe su autorización para la venta«. En tanto el legislador Gabriel Solano (FIT) planteó observaciones.

Debate en el Recinto

Durante el debate del asunto en el Recinto, el jefe de la bancada oficialista, diputado Agustín Forchieri (VJ), fue el miembro informante y destacó que «se va a garantizar plenamente el objetivo de la radicación definitiva de sus habitantes en un hábitat adecuado. Se readecuarán las viviendas existentes para alcanzar estándares de habilitabilidad apropiados. Toda relocalizacion que resulte excepcionalmente necesaria se realizará dentro del polígono del barrio y con el consentimiento de los beneficiarios«.

Desde la oposición, por un lado cuestionaron la venta de tierras públicas para pagar amortización de deuda y la forma en que se pretende urbanizar el barrio. También calificaron al proyecto como un «negocio inmobiliario» y una ley expulsiva de los vecinos. Por otra parte, desde el bloque Evolución consideraron que la iniciativa «presenta un paso fundamental y en direccion correcta para lograr la urbanizacion del barrio y su regularizacion dominial«.

La reacción de los vecinos

En relación al descontento de los vecinos que desde ya intuyen que no van a poder pagar la hipoteca que recaerá sobre sus viviendas, Infonews informa que:

Al igual que el resto de los legisladores radicales que responden a Martín Lousteau, el precandidato a Senador fue abucheado por los vecinos, especialmente en una de las pancartas, en la que llamaba «vendida» a  la diputada de Evolución María Inés Gorbea, quien no explicó por qué primero se hipoteca las casas de los actuales propietarios y no se otorga directamente la escritura, como en casos anteriores, donde los vecinos se hicieron de los terrenos en forma legal.

Laura Marrone (FIT) inistió sobre la enajenación de una de las zonas más cotizados de la Ciudad: «Se les quiere cobrar a estas familias, que habitan esas tierras desde hace más de 70 años, un valor que no van a poder pagar porque tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, mientras que se le cede el uso de tierras a empresas por 45 o 70 años”.

Advirtió que “los vecinos han construido sus casas con el sudor de su frente, nadie se las regalo y ustedes quieren pasarles por encima como una topadora”.

El diputado kirchnerista Carlos Tomada criticó que el oficialismo de Juntos Somos el Cambio utilice la excusa del proceso de reurbanización de la Villa 31 y denunció el peligro para los vecinos: “Los coloca en una situacion de incertidumbre. Los vecinos no saben cuánto les van a costar las casas»‘.

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