Más rechazos a la intervención de AFSCA y a la clausura

La intervención y la insólita clausura de la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), causó más rechazos y expresiones de indignación de múltiples actores de la comunicación en la Argentina, y llegó incluso a Uruguay, donde expresó preocupación la Coalición por una Comunicación Democrática.

El gobierno macrista, mediante un decreto, modificó de hecho la Ley 26.522, usurpando facultades del Congreso, y fue escoltado en pocas horas por una acción judicial sin precedentes, en tanto se dispuso la clausura de la sede de AFSCA, organismo público responsable de vigilar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de emisores públicos y privados.

PREOCUPACIÓN EN URUGUAY

   La Coalición por una Comunicación Democrática de Uruguay expresó en un comunicado su «honda preocupación» por la intervención de AFSCA y AFTIC, organismos que –recuerda- fueron creados por sendas leyes y «son entes descentralizados y autárquicos cuyas autoridades tienen mandatos de cuatro años, hasta 2017 en el caso de AFSCA y 2019 en el caso de AFTIC, precisamente para no coincidir con los mandatos presidenciales».

   La intervención por decreto «viola autonomías establecidas legalmente, sin pasar por la debida discusión parlamentaria y sin ningún diálogo con la sociedad», e implica «un retroceso en materia de libertad de expresión y democracia».

CONSTERNACIÓN DE LAS AUDIENCIAS

   La Defensoría del Público, que el miércoles 23 también exhortó a las autoridades a respetar las instituciones, dio cuenta el jueves 24 de la recepción de «decenas de reclamos individuales y colectivos exigiendo la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual».

   El organismo reiteró, «en línea con la alerta que han expresado distintos actores sociales en las últimas horas, la exhortación a las autoridades del Gobierno Nacional a respetar la división de poderes y a no modificar ni violar la LSCA a través de decretos de ninguna naturaleza. Además, este organismo exige el respeto irrestricto de los 166 artículos de la Ley, que se fundan en derechos garantizados por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos a ella incorporados».

   También menciona que «la perspectiva de las audiencias y de numerosas organizaciones sociales que se han dirigido a la Defensoría está siendo silenciada en las diferentes coberturas mediáticas de la situación. Recomendamos visibilizar estas perspectivas, en todos los servicios de comunicación audiovisual, porque contribuye a garantizar su derecho a la comunicación y también el acceso a una información plural y diversa de toda la ciudadanía de la Argentina».

LOS DNU AL CONGRESO, PIDE BARCESAT

   El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat criticó las acciones del gobierno mediante decretos de necesidad y urgencia que, dijo, deben ser examinados por el Congreso.

   En declaraciones a los periodistas, expresó que «cualquier presidente honesto que emite DNU habilitaría el Congreso para que haya un control de los mismos».

   «Esto demuestra que estamos frente a un sistema dictatorial donde se validan los dictados del Poder Ejecutivo, mediante la no convocatoria a sesiones del Congreso», dijo Barcesat, y agregó que «el Poder Judicial es cómplice de esta situación; con excepciones, pero generalmente con una toma de revancha por haber quedado expuestos como un poder no tan inmaculado como se pensaba».

RECHAZO DE LA RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS

   Esta organización también rechazó la intervención de los organismos autárquicos, porque tiene el objetivo de «reencauzar un marco legal que favorezca sin tapujos a los medios monopólicos».

   «Quienes construimos crítica y cotidianamente medios de comunicación alternativa, comunitaria y popular no seremos espectadores pasivos ni nos quedaremos al margen de tamaña maniobra de carácter poco democrático que intenta echar por la borda los ínfimos pasos que se dieron en la práctica para aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y democratizar las comunicaciones».

   La entidad recuerda que adopta esta posición pese a que «hemos sido y somos muy críticos de la gestión del actual titular de la AFSCA».

PRONUNCIAMIENTOS DE CTA Y SIPREBA

   La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) expresó en un comunicado que «rechaza que se gobierne por decreto y con intervenciones que favorecen a los monopolios de la comunicación».

   «Insistimos que estas decisiones no fortalecen el sistema democrático por el que todo el pueblo ha luchado y lo seguirá haciendo», agregó.

   A su vez, el Sindicatro de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) repudió las acciones gubernamentales.

   «Alertamos contra este método que, como ya se ha hecho con los beneficios impositivos para las patronales del campo y la industria y los cambios en la Corte, pasa por encima del Parlamento con el agravante de que, en esta ocasión, fue ejecutada con una intimidante presencia policial. La intervención del AFSCA marca una nueva fase en la defensa de la concentración de los medios de comunicación».

   Estos pronunciamientos se sumaron a los que antes habían expresado la Coalición por la Comunicación Democrática, que se declaró en estado de alerta y movilización, la carreras de Comunicación de las universidades nacionales, los diputados nacionales del Frente Para la Victoria y la Federación Universitaria de Buenos Aires, entre otros (http://www.comunanet.com.ar/se-multiplican-criticas-por-los-atropellos-del-gobierno-macrista/)

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