Las Comisiones asesoras de Protección y Uso del Espacio Publico y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria firmaron, en el mediodía del viernes 22 de junio, el dictamen conjunto de mayoría que aconseja la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que propone la concesión por 20 años para el uso y explotación de edificios y nuevos espacios ubicados dentro del predio del Jardín Zoológico «Eduardo Ladislao Holmberg», situado en el barrio de Palermo – Comuna 14.
Según lo establecido en el artículo 82 inciso 5, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Legislatura debe aprobar toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad por más de cinco años.
El proyecto original enviado el año pasado por el Jefe de Gobierno y que en el tratamiento legislativo recibiera modificaciones, autoriza «al Poder Ejecutivo a concesionar y/u otorgar permisos de uso y explotación de los edificios denominados «Pabellón de las Fieras», «Acuario/Caballerizas» y «Reptilario» – (ex Aviario)» por una extensión de 2700, 3500 y 400 metros cuadrados respectivamente, por un plazo de hasta veinte (20) años» y «a concesionar el uso y explotación de nuevos espacios, cubiertos o descubiertos» con la condición que «los nuevos espacios, cuyo objeto sea ser concesionados, no podrán superar el tres por ciento (3%) de la superficie total del predio«.
Además, «en virtud del proceso de transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires «Eduardo Ladislao Holmberg», el Poder Ejecutivo deberá garantizar que previo a la concesión de los edificios objeto de la presente Ley, se deriven, liberen y/o trasladen los ejemplares de la colección faunística que pudiesen estar alojados en los mismos». Así como «la preservación y restauración de los bienes con valor patrimonial, históricos y/o culturales, entre ellos el repositorio bibliográfico del predio, ponderando la protección patrimonial y las necesidades de modernización e innovación aplicables, de conformidad con el artículo 3° inc. j) de la Ley N° 5752, y su reglamentación, y la Ley N° 1227«.
Incluso, «las mejoras, el uso y explotación que se realicen (…) deberán adecuarse a los protocolos e informes técnicos que realice el equipo técnico veterinario de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, u organismo que en el futuro la reemplace, a fin de resguardar el bienestar animal de los ejemplares que se alojen en el predio«.
Finalmente, el proyecto establece que «las sumas recaudadas por todo concepto que se pudieran percibir de las concesiones y/o permisos autorizados por la presente ley serán destinados, en forma exclusiva e irrevocable, al proceso de transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg” y al sostenimiento del predio«.
La iniciativa tiene por objeto dotar de las herramientas necesarias a la institución para continuar con la progresiva transformación del Jardín Zoológico dispuesta por la Ley N° 5.752 permitiendo financiar, a través de la participación privada, las inversiones y erogaciones necesarias para garantizar los estándares de bienestar animal, los programas de conservación y los proyectos educativos y de investigación. La sustentabilidad económica del predio, según indicó el Ejecutivo en los fundamentos y el subsecretario del Proyecto Ecoparque, Gonzalo Pascual en su informe a los legisladores en mayo último, «es un requisito ineludible para garantizar el cumplimiento de los objetivos que establece la Ley» y, por otra parte se argumentó que «la vinculación eficiente con el sector privado, las universidades y las Organizaciones No Gubernamentales es una forma estratégica de lograrlo permitiendo al Estado hacer un uso más eficiente de los recursos».
Previo a la firma del dictamen se acordó que el texto estará sujeto a modificaciones hasta el próximo jueves 28 en que será debatido en el recinto como asunto preferencial, de acuerdo a la solicitud formalizada por el oficialismo.
El diputado Depierro recomendó a sus pares revisar los plazos de concesión y dar prioridad al cumplimiento de las etapas para luego concesionar. Por su parte, Sahonero y Villalba destacaron el trabajo legislativo efectuado en los últimos cuatro meses que incluyó una decena de visitas al lugar y se aclaró que «un anexo incorporará el Master Plan aprobado por resolución ministerial». En tanto, Reyes destacó la inclusión de la protección patrimonial a través del Ministerio de Cultura y González Heredia refirió que el proyecto es ejemplar en América Latina, y en él trabajan 250 personas de las cuales el 50% están dedicadas al bienestar animal.
El bloque Unidad Ciudadana, que en 2016 se abstuvo con la expectativa que finalmente se garantice la gestión estatal, anticipó que, sin negar la importancia del proyecto Ecoparque, en el recinto votará por la negativa. «Estamos en desacuerdo con que el espacio público sea arancelado, el uso y goce debe ser prioritariamente estatal y aún si fuere tercerizado debe garantizarce la gratuidad e igualdad de oportunidades en el acceso«, afirmó Pokoik. También argumentó que «las concesiones son competencias de la Legislatura que no pueden delegarse al Ejecutivo» y que «desconocemos cuánto es inversión pública, cuánto es privada y de ésta cuál es el rédito», en este sentido advirtió que «algunos edificios están siendo restaurados por el Gobierno y luego serán concesionados a privados«.
Al comienzo de la reunión, en la media hora hora destinada a intervenciones del público el diputado mandato cumplido Adrián Camps expuso observaciones. Se manifestó «contrario a los zoológicos, a concesionar edificios históricos algunos de ellos con animales y a delegar funciones legislativas al Poder Ejecutivo lo cual contradice el artículo 84 de la Constitución local«. Planteó interrogantes a su criterio no resueltos por el texto del proyecto tales como cuántos y quienes son los concesionarios, la conveniencia de exceptuar de la concesión a la condorera y dudas respecto a la administración.
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