Así lo informó el Ministerio Público Fiscal en base a denuncias vecinales hechas en 2014, lo que arroja tres reclamos por día. Flores y Balvanera están en primer y segundo lugar.
En 2008 la toma de casas comenzó a dirimirse en los juzgados porteños. Desde entonces, la cifra de usurpaciones ha subido en forma constante. El año pasado el Ministerio Público Fiscal recibió más de tres denuncias por día por casos de presuntas usurpaciones en la Ciudad.
El número de denuncias registradas en el último lustro así lo marca. En 2010 se habían contado 911 denuncias, pero el número fue en aumento hasta alcanzar el récord en 2014: en 2011 hubo 928 denuncias; en 2012, 969, y en 2013, 1022.
Durante todo 2014, registraron 1182 casos, es decir la cifra más alta en los últimos siete años. En cuanto a concentración del delito, Flores, encabeza el conteo con 79 denuncias. Le siguen Balvanera, con 71, y Palermo, con 70.
Sin embargo, a nivel comunal, la 14, que contiene a este barrio, no aparece en el podio. Así se encumbran las comunas más problemáticas: la 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución), con 167 casos; la 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios), con 120; y la 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo), con 118.
El artículo 181 del Código Penal indica que va a ser reprimido con prisión de seis a tres años quien «por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble».
El tiempo promedio de resolución de las denuncias por usurpación, según el fiscal general Martín Ocampo, es de 164 días: «Estamos priorizando la restitución del inmueble a su propietario. Habitualmente, se tardaban años para sacar a un usurpador. Sin embargo, el año pasado, el total de casos se resolvió en un promedio de menos de seis meses». Sin embargo, la mayoría de estas denuncias se archivan en la fiscalía porteña por distintos motivos.
La fiscalía informó que en muchos casos se hacen de documentos apócrifos para poder quedarse. En diversas causas de usurpación investigadas por la Unidad Fiscal Norte de la ciudad, los implicados contaban con contratos de locación y garantías de propiedades falsas que eran muy similares. Hasta la fecha se habían detectado por lo menos 15 casos. «Los inmuebles no estaban relacionados en nada, pero todos los implicados en las causas tenían las mismas garantías; hasta con las mismas faltas de ortografía», aseguró Norberto Brotto a La Nación, fiscal a la cargo de la unidad.
La hipótesis de los investigadores, según Brotto, es que una organización delictiva reparte contratos y garantías, e introduce de manera ilegal a las personas: «Son guiados por una organización que, supuestamente, hace trámites y ayuda a esta gente, pero sólo lo hacen para reunir determinado perfil de personas y colocarlas ilegalmente en los inmuebles».
Según el Ministerio Público porteño, estas organizaciones lucran con los ciudadanos al pedirles depósitos de hasta $ 10.000 para ingresar a las propiedades. Al aprovechar la precaria situación habitacional que viven muchos extranjeros y personas con problemas para acceder a alquileres o pensiones, muchas personas terminan viviendo en inmuebles para ser demolidos, en pésimas condiciones, en venta o ya vendidos, lo que deriva luego en conflictos.
«Estos extranjeros son víctimas de la organización y de la necesidad de un techo. Llegan al país sin rumbo y, en algunos casos, ni siquiera saben que están cometiendo un delito. No es una tarea sencilla dejarlos sin hogar», explicó el fiscal.
«Si bien, en muchos casos, se sabe que los contratos carecen de validez, es obligación de la Justicia investigarlos. Y eso lleva cierto tiempo. Es un derecho del inquilino y a la vez es parte del juego; se aprovechan del sistema judicial, en ese sentido, para ganar tiempo dentro del inmueble e ir buscando otro lugar. Los ayuda para que el desalojo no sea inmediato», cerró Brotto.
En la Comuna 3 por estos días hubo un operativo en San Cristóbal en una vivienda tomada. Según se informó, tres personas que vendían 182 dosis de paco en un «búnker de drogas» fueron detenidas en una casa usurpada del barrio de San Cristóbal. El operativo se realizó anteanoche en Deán Funes 874 que, según las denuncias, había sido usurpada «por gente violenta».
Intervino el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien había deslizado la posibilidad de que «la Justicia los dejaría libres». No obstante, una llamada del juzgado a cargo autorizó a la Policía Federal a hacer las tres detenciones y se secuestró un arma.
Juan Manuel Castro