Procesan a Carlos Menem y a Domingo Cavallo por la venta de La Rural

Esta es la causa iniciada por la denuncia de Amigos del Lago de Palermo el 21 de mayo de 1999 ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 33 a cargo del Fiscal José María Campagnoli – Secretaría Ignacio Rodríguez Varela. Anteriormente habían informado sobre la resolución de la Corte que negaba la prescripción de la causa. Ahora informan sobre la resolución de la Cámara Federal de procesarlos. El procesamiento no es sólo por la venta a precio vil, sino porque la venta se realizó sin ley del Congreso, que significa que aunque el precio hubiera sido justo, igualmente no podrían haber vendido el Predio Ferial del Parque 3 de Febrero.

La Cámara Federal porteña procesó hoy al ex presidente de la Nación Carlos Menem y confirmó el procesamiento del ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la venta irregular del predio de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Menem contaba con una falta de mérito que fue revocada por la Sala II de la Cámara, que entendió que con Cavallo intervinieron en «una maniobra delictiva urdida con el propósito de sustraer al bien del patrimonio estatal».

Los camaristas ratificaron que el predio se vendió en 1991 a «un precio vil» de 30 millones de dólares cuando el valor de mercado era de 131.800.000.

La Cámara también ratificó el procesamiento de los ex funcionarios del Ministerio de Economía Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta; del ex presidente de la Rural Eduardo De Zavalía; del ex secretario Juan Ravagnani, y de los tasadores del Banco Ciudad de Buenos Aires Juan Insua, Raúl Angelini, y Ricardo Schapiro y del Banco Hipotecario Jorge Frost, Daniel Ivakhoff y Carlos Ratto.

Todos quedaron procesados por el delito de peculado, que está penado con dos a 10 años de prisión.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah le encomendaron al juez Sergio Torres que «comience a transitar las fases necesarias para evaluar la elevación a juicio».

La venta del predio de Palermo a la SRA se produjo el 20 de diciembre de 1991 mediante el decreto presidencial y por 30 millones de dólares según fijaron los tasaron procesados.

Pero el Tribunal de Tasación de la Nación estableció que el valor de mercado era 10 veces mayor y la Cámara señaló que no se cumplió con la aprobación, por parte del Congreso, del convenio de venta.

«Las pruebas reunidas indican que todos los imputados tomaron parte en una operación ideada conjuntamente, mediante la cual se sorteó la necesaria intervención del Congreso de la Nación -y de entes cuya opinión no fue requerida- y se acordó un precio vil para la enajenación», señalaron los camaristas.

Sobre Menem y Cavallo señalaron que su actuación «no sólo contrarió la forma de proceder impuesta por más de cien años en torno al patrimonio en cuestión; hizo lo propio con cuanto habían entendido los propios involucrados -hasta ahí- en el mismo expediente».

La Cámara concluyó que la venta del predio «resulta un eslabón más de todos los demás hechos que, con acierto, se entendieron constitutivos de una maniobra delictiva urdida con el propósito de sustraer al bien del patrimonio estatal»..