El jueves 20 de febrero, con 161 anotados, se llevó a cabo la primer jornada de la audiencia pública para discutir la inauguración del shopping a cielo abierto en el barrio de Palermo denominado Distrito Arcos. Vecinos, especialistas y entidades ciudadanas, dieron múltiples razones para inhabilitarlo definitivamente.
La audiencia pública que se realizó entre el jueves 20 y el viernes 21 de febrero, a partir de las 13 hs., en el Centro de Gestión y Participación N° 14 sito en Beruti N° 3.325, fue trasladada sin mediar aviso previo al Teatro Sarmiento, que se encuentra ubicado dentro del predio del Jardín Zoológico de la Ciudad, en la Avenida Sarmiento 2715, porque la asistencia de público superó la expectativa.
La Audiencia Pública llega con dos años de atraso debido a que debería haberse realizado no solo antes del inicio de la obra, que comenzó en diciembre de 2011, sino antes de que se hubieran presentado los planos ante el GCBA, hecho que ocurrió recién en septiembre de 2012.
La construcción se realizó en un 80 % sin ley que modificara el status de Urbanización Futura del predio, es decir, sin ley que la autorice. La ley N° 4477 -febrero de 2013- intentó blanquearla pero resulta de imposible cumplimiento ya que la obra no contempla la obligación emanada del Código de Planeamiento Urbano de dejar el 65% de superficie «para uso y utilidad pública y transferido su dominio a la ciudad». No existe superficie pública alguna.
Los oradores dejaron bien en claro que para construir este shopping, con dos subsuelos de estacionamiento, se ha desplazdo un volumen de tierra que interfiere con las napas de agua, no habiéndose tenido en cuenta cuánta agua retenía el predio ante tormentas e inundaciónes en la zona. Por lo tanto, el agua que ya no pueda absorber irá al arroyo Maldonado entubado, que no resiste lluvias mayores a 50 mm en una hora.
«Recién con la ley 4.477, aprobada en diciembre de 2012 y publicada recién en febrero de 2013, se intenta blanquear el shopping», expresó el Arq. Osvaldo Guerrica Echevarría, quién es presidente Asociación Amigos del Lago de Palermo. Agregó también que «el código establece que el 65% de la superficie debería ser para uso y utilidad pública, preferentemente espacio verde, espacio abierto para uso libre por parte de toda la población y este proyecto no lo cumple».
Pablo Bergel, legislador del bloque Verde Alameda, manifestó que «Lo que se trata de discutir ahora es la demolición del mismo y la restauración del espacio público absorbente, funcional a la regulación y contención de los desbordes del Arroyo Maldonado».
El titular de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, Juan Carlos Villalonga, ex Green Peace que parece haber flexibilizado su postura a lo largo de los años, tras la audiencia declaró a Diario Z que «si bien las opiniones recogidas durante la audiencia pública son de carácter consultivo y no vinculante, todas las presentaciones de carácter ambiental son tenidas en cuenta», al tiempo que agregó que en ocasiones «se ha modificado algún proyecto, o se han propuesto medidas de mitigación para impactos negativos, o se ha desestimado la iniciativa, no otorgando el Certificado de Aptitud Ambiental».
La resolución del juez Aurelio Ammirato de frenar las obras se sustenta en la falta de estudio de impacto ambiental y de terreno libre para uso público en el predio ubicado entre las avenidas Santa Fe y Juan B. Justo y las calles Godoy Cruz y Paraguay, y que forma parte de la ex playa ferroviaria de 16 hectáreas de superficie.
Para el ex legislador porteño Facundo Di Filippo, uno de los que impulsó el recurso de amparo que frenó el emprendimiento, la instalación de este centro comercial «profundiza la tendencia a la sobreconstrucción en una zona inundable, donde la constructora abrió un cráter para un estacionamiento de 6 subsuelos sobre el entubamiento –también irregular– del arroyo Maldonado; y está sobre predios destinados a espacios públicos y verdes de acuerdo al Plan Urbano Ambiental». Di Filippo expresó que las obras se iniciaron sin una ley vigente y violando una serie de normativas, se valieron de certificados expendidos por el Gobierno porteño sin estudiar el impacto ambiental y evitando la habilitación de la Legislatura para el uso del terreno.
Jonotan Baldiviezo, abogado ambientalista, pidió la demolición del emprendimiento: «La ley 123 de la Ciudad expresa que cuando alguien incumple un procedimiento se faculta a la agencia de protección ambiental para su demolición».
El defensor del Pueblo Adjunto, Gerardo Gómez Coronado, expuso que «es peligroso que asumamos que las cosas se puedan hacer de este modo» y advirtió que para la construcción se omitieron todas las reglas, en especial el Art 30 que establece la obligatoriedad de evaluación previa de impacto ambiental en la ciudad. Asimismo remarcó que «se votaron normas sin tener en cuenta opinión de los vecinos ni de técnicos».
Para FECOBA (Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires), la inauguración del shopping afectaría en forma directa a «3.990 comercios y un total de 36.500 empleos». Desde la empresa IRSA, por su parte, que invirtió 230 millones de pesos, explicaron a Diario Z que Distrito Arcos «generará de 1000 a 1500 nuevas fuentes laborales de administración, además de los locales», y que «tanto a nivel nacional como internacional, cuando se instala un centro comercial todos los negocios de la zona crecen, la afluencia del públicos es mucho mayor; se complementan».
Sergio Datilo, gerente de comunicación de IRSA, dijo que «los que hablan de que se hizo un megashopping están mintiendo. Es un paseo de compras con 65 locales y se hicieron las obras necesarias para garantizar que los servicios no colapsen cuando se ponga en funcionamiento» para luego agregar que «este edificio permite almacenar el agua de lluvia, con la cual se podrá alimentar a los 20.000 árboles que se plantaron en el espacio abierto. Es un lugar público. Si las críticas apuntan a que tiene rejas, vale la pena recordar que el 90 por ciento de las plazas de la ciudad las tienen».
Por parte de IRSA hablaron Horacio Franco, un abogado ambientalista, y dos ingenieros expertos en hidráulica y flujo de tránsito.