Pese a que desde el año 2008 está decretado el desalojo de la playa de estacionamiento que usa el Hipódromo Argentino y a que en 2009 se desestimó el recurso de amparo presentado por HAPSA, continúa la ocupación y el usufructo del predio. El contrato con HAPSA, firmado por Télerman en 2007, tres días antes de terminar su mandato, le daba a la empresa un permiso de ocupación gratuita por cinco años. El desalojo nunca se concretó por lo cual el legislador Anibal Ibarra ha presentado un proyecto para que se analice esta situación.
En la Legislatura porteña se aprobó, unánimemente, el pedido de informes presentado por el diputado Aníbal Ibarra para que el Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires aclare cuál es la situación del estacionamiento Gigena que, funcionando en terrenos públicos de la Ciudad de Buenos Aires, frente al Hipódromo Argentino de Palermo, no paga canon alguno.
Hapsa explota el estacionamiento, que puede albergar a mil vehículos, gratuitamente desde el año 2002, pese a que funciona en terrenos públicos de la ciudad y a que, desde el 2008, se está exigiendo su desalojo.
«Estamos trabajando en una nueva licitación con un nuevo concesionario que abone el canon correspondiente por dicha explotación, como corresponde. Se iniciaron distintas acciones legales para recuperar el predio y queremos hacerlo con la mayor celeridad posible», dijo a LA NACION el director general de Bienes de la ciudad, Juan Martín Barrailh Ortiz.
En el año 1999, Fernando de la Rúa, permitió que caducara el contrato con la adjudicataria. Cuando asume, en el año 2002, la actual concesión del hipódromo, el estacionamiento fue reabierto y es usufructuado, desde ese momento, por Hapsa con las irregularidades que se conocen. En el 2007, tres días antes de terminar su mandato como jefe comunal, Jorge Telerman, concedió el permiso de ocupación gratuito por cinco años siendo que sólo la Legislatura puede ceder bienes de dominio público.
En 2008, el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri firmó un decreto ordenando el desalojo administrativo del predio, por considerarse de «nulidad absoluta e insanable» el decreto suscripto por Telerman, instruyendo a la Dirección General de Concesiones para que ejecute «todas las medidas y diligencias necesarias» para concretar el desalojo, pero pese a la medida nada ocurrió.
Hapsa presentó un recurso ante la Ciudad para que se reconsiderara aquella anulación, pero el pedido fue desestimado en julio de 2009.
La explicación que dan los funcionarios porteños, al ser consultados sobre el porqué de la falta de ejecución del desalojo, es que «nunca se pudo acordar con la policía para llevar adelante dicho desalojo».