Se realizó la Audiencia Pública del 9 de marzo 2018 sobre el Aeroparque Jorge Newbery

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Audiencia Pública donde se analizó el proyecto "Relleno Costero para las obras Nueva Vereda de Aeroparque, Nueva Vereda divisoria de la vialidad de Aeroparque, Nueva Plaza sobre Costanera, Estacionamiento Subterráneo"
Se realizó la Audiencia Pública del 9 de marzo de 2018, donde se analizó el proyecto “Relleno Costero para las obras Nueva Vereda de Aeroparque, Nueva Vereda divisoria de la vialidad de Aeroparque, Nueva Plaza sobre Costanera, Estacionamiento Subterráneo” a desarrollarse sobre la Av. Costanera Rafael Obligado S/N (sector frente Aeroparque), a cargo de Aeropuertos Argentina 2000 S.A., con una superficie total de 20 hectáreas. 

por queremos buenos aires

En la Comuna 14, y con la presencia de funcionarios de tercera línea pertenecientes a la Agencia de Protección Ambiental -APrA- del GCBA (quien presidió la Audiencia) y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos -ORSNA- a los que se sumaron representantes de las empresas Aeropuertos Argentina 2000 -AA2000- y de la elaboradora del Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental -EIA-, se celebró la Audiencia Pública para tratar el proyecto de ampliación de la superficie que ocupa el Aeroparque en base a rellenos sobre el estuario (9,4 ha), cesión de terrenos públicos de la ciudad (12,5 ha) y la construcción de 1.153 cocheras subfluviales.

Testigos del hecho fuimos aproximadamente 40 personas que colmábamos la sala donde habitualmente se celebran los matrimonios en la Comuna 14. De ellas, 10 eran funcionarios/as y representes de las empresas, otros 10 anotados para exponer, 20 que oficiaban de atento público y 4, personal de Seguridad.

Después de la presentación del proyecto de arquitectura, hecho por el representante del ORSNA, en sociedad con el representante de AA2000, quien también expuso el proyecto paisajístico a desarrollar sobre el relleno costero, hizo su intervención el representante de la consultora que elaborara la EIA, quien minimizó toda la obra y sus consecuencias ambientales a extremos risueños como, por ej., que las 9,4 ha relleno y el consecuente traslado de la desembocadura del Maldonado no importaban mucho porque ya la ciudad estaba habituada a los rellenos sobre la costa y que 100 m. más o menos en la prolongación de su desembocadura no afectaba su flujo (!!!) y que el aumento del ruido por mayor cantidad de aterrizajes y despegues de aviones no entraba en su evaluación (no se lo habían pedido).

El principal problema que apareció en su informe fue el de tránsito y ruidos a desarrollar por los futuros 200 camiones diarios que llevarían los 400.000 m3 de material que completarían las 9,4 ha de relleno costero. Pero como era un tema que desaparecería en cuanto se terminara el relleno, sólo sería un trastorno transitorio.

El representante del ORSNA hizo hincapié en la necesidad de las 1153 cocheras subfluviales ante la demanda planteada por los usuarios a los que les es imposible acceder al Aeroparque por transporte público, ya que no existe esa posibilidad. Así, reconoce que el Estado (los gobiernos de la Nación y de la Ciudad), a cambio de no crear ese sistema de transporte público (tren, subte, ómnibus), le da al concesionario la posibilidad de obtener mayores ganancias en base a la explotación de la irregular y costosísima obra propuesta.

En todas las exposiciones vertidas por funcionarios y empresarios, no hubo una sola consideración sobre el marco legal en que se inscribía el fantástico proyecto, es decir, en que normativa se basan, por ejemplo, autorizaciones y términos de la ocupación de tierras donde funciona el Aeroparque, la dispuesta para para ampliación y el relleno costero, evaluaciones con respecto al Cambio Climático (la AprA pareció no existir en este tema), etc.

El Poder Ejecutivo -ministros de las diversas áreas involucradas- y la Legislatura -diputados/as- de la Ciudad, en cuyo territorio se pretende desarrollar la obra, estuvieron totalmente ausentes en el trámite realizado. Ante un proyecto cuyo nivel de exposición fue como dedicado a un auditorio de inocentes alumnos primarios en un país sin leyes ni autoridades, sólo se escuchó la voz de los representantes de entidades vecinales que pusieron un poco de cordura y racionalidad frente a los dislates planteados por los expositores oficiales.

En representación de ONGs y entidades varias, expusieron la Diputada m/c María José Lubertino por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, el Arq. Osvaldo Guerrica Echevarría por Asociación Amigos del Lago de Palermo y la red queremos buenos aires, Mora Arauz por Fundación Ciudad, el Ing. Mario Chiesa y dos personas más por “Colón en su lugar” y el representante de un frustrado emprendimiento vial en la zona.

En conjunto, se vertieron los siguientes conceptos:

  • las tierras en que se asienta el Aeroparque son dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, con un último plazo de concesión de la ex MCBA a la Fuerza Aérea Argentina vencido el 15 de marzo de 1990 y no renovado.
  • el decreto PEN 163/98 de adjudicación de la licitación efectuada en 1997, fija la obligación al “ganador” (o sea AA2000) de construir otro aeropuerto alternativo en el Gran Bs As o agrandar Ezeiza “con anterioridad al año siete (7) de la concesión”. Esto no sólo no se cumplió, sino que al año siete (en 2005), AA2000 estaba debiendo 850 millones en concepto de canon no pagados y obras no realizadas.
  • en el año 2000, teniendo como pauta que el Aeroparque sería desalojado en 2005, la Legislatura de la Ciudad votó un nuevo Código de Planeamiento Urbano (vigente) en el que fija que cuando el predio sea desalojado, ese sitio sería convertido en parque público (ítem 5.4.6.17).
  • en el año 2004 se firmó el Convenio N° 22/04 entre el Ministro De Vido y el Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra donde se decide mantener el aeroparque en su “actual ubicación”. Dicho Convenio no tuvo aprobación legislativa, por lo tanto, constitucionalmente, no está vigente.
  • en junio de 2005 el Gobierno Nacional firmó un nuevo convenio con AA2000 por el cual se le condonó la deuda, que pasó a convertirse en el 20% de las acciones de AA2000 SA en poder del Estado. También se disminuyó el canon en un 30 %.
  • el 22 de agosto de 2005 una multitudinaria Audiencia Pública se pronunció contra el proyecto de ampliación presentado por AA2000, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad, para ampliar sus cabeceras norte y sur en base a nuevos rellenos y sumarle predios adyacentes integrantes del dominio público de la ciudad.
  • el Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008 por la Ley N° 2930, dispone en su art. 9° e) Preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes. No se está teniendo en cuenta.
  • en 2016 finalizaron las obras de relleno sobre el sector sur (adyacente al Club de Pescadores) y la nueva traza de la Costanera Norte, con un túnel por debajo de las vías ferroviarias y la eliminación definitiva del gran espacio verde denominado Bosque Alegre. Todo esto sin aprobación legislativa ni norma alguna que lo determine. Como corolario, el Ministro de Transporte de la Nación anunció una inversión de $22.223 millones para modernizar los aeropuertos de todo el país sin especificar los porcentajes correspondientes al Estado y al concesionario responsable.
  •  también en 2016 es trasladado el monumento a Cristóbal Colón desde el Parque Colón (frente a la Casa Rosada) al Espigón Dorrego – Plaza Puerto Argentino. Para ello, se destruyó el homenaje a los caídos en Malvinas y sus placas conmemorativas sin saberse hasta el momento, dónde se encuentran. Este espigón-plaza desaparecerá también con los nuevos rellenos.
  • a fines de 2017 es dado a conocer por la prensa el proyecto de ampliación explicitado en esta audiencia y, a principios de 2018, se publica el Decreto PEN N° 70/18 en el que aparece una nueva figura jurídica desconocida hasta el momento en el universo normativo argentino: el “Protocolo Operativo”. A través de esta imaginaria figura jurídica, el Jefe de Gobierno de la Ciudad transfiere a la Nación 12,5 ha (121.516,46 m2) de tierras del domino público de la Ciudad, sin mediación legislativa alguna, como marca la Constitución de la Ciudad. A su vez la Nación, mediante el Decreto PEN en cuestión, le transfiere esa misma superficie al concesionario AA2000. Aquí también el Poder Ejecutivo Nacional desconoce la obligación constitucional sobre la aprobación por ley del Congreso Nacional del destino dado a esas tierras transferidas por la Ciudad (de haberlo sido legalmente).
Resumiendo: Una Audiencia Pública que sólo sirve para agravar la situación de permanente irregularidad vivida por el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, que deberá ser revisada antes de que se consolide definitivamente. Y no queda mucho tiempo. El PE de la Ciudad ya está llamando a licitación para ejecutar los rellenos.
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