La Constitución Nacional otorga facultades sólo al Congreso de la Nación para «Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional» (art. 67 – inc. 4º de la Constitución Nacional de 1853 y modificaciones y art. 75 – inc. 5 de la de 1994). No obstante, diferentes administraciones nacionales y de la Ciudad han optado por hacerlo a través de Decretos o simples Convenios firmados por Intendentes o Jefes de Gobierno. Otra vía no constitucional ha sido la de crear organismos como la Comisión de Ventas de Inmuebles Estatales, el ENABIEF y su sucesor el Organismo Nacional de Administración de Bienes -ONABE-, sociedades anónimas como la Corporación Antiguo Puerto Madero -CAPM SA- o, últimamente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado -AABE- a quienes se les transfieren las tierras nacionales y la facultad de enajenarlas.
Osvaldo Guerrica Echevarria
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#Defensadetierraspublicas #Defensapatrimoniopublico #Tierrasdelestadonacional #AmigosdelLagodePalermo #OsvaldoGuerricaEchevarría
INDICE Parte 5/5
2019. En defensa de las tierras y el patrimonio públicos. Proy. de Ley Nacional
2020. AABE postpandemia. «Gabinete de Tierras» / nuevo ProCreAr
2020. Ministro Basterra / Ministra Bielsa
Propuestas. Tierras del Estado Nacional. CPU y nuevo CU
Opiniones. «Hay que evitar el saqueo». «Las Tierras Fiscales». «Ciudad Verde»
«La Tierra Pública. Recurso urbano no renovable». Emilio Grass
«Palermo, Amigos del Lago y después En defensa de las tierras públicas»
Viene de Parte 4:
https://www.palermomio.com.ar/tierras-publicas-liquidadas-en-caba-por-decreto-politica-de-estado-1978—2020—parte-4-de-5
2019 JUNIO 06
PROYECTO DE LEY NACIONAL de DEROGACIÓN del DNU 1382 /12 y del Decreto PEN N° 2670/15 que lo reglamenta
- Artículo 1° – Derógase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1382 del 9 de agosto de 2012, declarado válido por la Cámara de Diputados de la Nación el 21/11/2012, por el cual se dictó la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), así como todos aquellos actos dictados en consecuencia del citado decreto.
- Art. 2°.- Derógase el Decreto PEN N° 2670/15 del 01/12/2015, reglamentario del DNU 1382/12 citado en el artículo 1° de la presente, así como todos aquellos actos dictados en consecuencia
- Art. 3°.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) residual o el organismo que la suplan- te, tendrá objetivos exclusivamente administrativos de inventariado y de conservación de las propiedades inmuebles del Estado Nacional Argentino.
- Art. 4°.- Declárase la nulidad de los decretos 952/2016, 1064/2016, 1173/2016, 153/2017, 255/2017, 928/2017, 355/2018 y de cada una de las ventas de tierra pública efectuadas en virtud de dichos decretos y de los que los sucedan en el futuro, que tampoco cuenten con autorización previa del Congreso Nacional.
- Art. 5°.- Establécese que ningún organismo podrá vender bienes inmuebles del Estado Nacional sin contar con la previa autorización del Congreso Nacional. Art. 6°.- Con anterioridad a tratar propuestas de desafectación del dominio público, enajenación o cambio de uso de cualquier predio integrante de tierras nacionales según el artículo 75 inciso 5) de la Constitución Nacional, la Cámara de Diputados deberá, con una antelación no menor a sesenta (60) días de su tratamiento en comisión, convocar a Audiencia Pública de tratamiento de la misma y, posteriormente, someterla a una Consulta Pública Vinculante en la jurisdicción en que se encontrare el objeto de la propuesta.
- Art. 7°.- Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a dictar normas en los términos de la presente ley en consonancia con sus marcos jurídicos.
Este texto, presentado como proyecto de ley nacional por los/as diputados/as nacionales Romina del Plá, Mónica Schlothauer y Nicolás del Caño, fue una iniciativa de la COORDINADORA EN DEFENSA DE LAS TIERRAS Y EL PATRIMONIO PÚBLICO.
DTO. PEN N° 87/2019
MÁS TRANSFERENCIAS DE PREDIOS FERROVIARIOS
ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, en los términos del artículo 8º, inciso 7 del Decreto Nº 1382 del 9 de agosto de 2012 y sus modificatorios y del artículo 20 del Anexo al Decreto Nº 2670 del 1º de diciembre de 2015, a transferir los inmuebles del ESTADO NACIONAL que se detallan en el ANEXO IF-201904933996-APN-AABE#JGM conforme lo dispuesto en el CONVENIO MARCO suscripto entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE de la NACIÓN, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES del 23 de noviembre de 2018.
Utilizando los decretos emanados del anterior gobierno, se transfieren, para su venta, ocho predios linderos a la estación ferroviaria de Retiro.
VENTA DE TIERRAS PÚBLICAS ESTADO DE SITUACIÓN A FINES DE 2019
Hasta 2012, las tierras del Estado Nacional dentro de la Ciudad sumaban unas 360 ha. De haberlas reconvertido en su totalidad, hubiera aumentado en aproximadamente 1,2 m2 por habitante la superficie de espacios verdes públicos. Pero, a partir de 2012 comienza la liquidación de las playas ferroviarias con los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado AABE– y con la aprobación legislativa de su urbanización, de las de Palermo, Caballito, Liniers y Estación Buenos Aires. A estas urbanizaciones hay que agregar la dispuesta, también en 2012, para 12 ha de tierras nacionales en Isla Demarchi. Desde 2016 a 2019, en esa combinación de Decretos de venta y leyes de urbanización a medida, se suceden: la liquidación de las playas ferroviarias de Chacarita, Villa Urquiza y Colegiales, de otro predio ferroviario adyacente a Barrio Parque; otro perteneciente a Vialidad Nacional lindero con la Av. Gral. Paz, varios al Ejército en Palermo, dos importantes predios ferroportuarios frente a Dársena Norte denominados «Catalinas Norte 1» y «Catalinas Norte 2»; otro en La Boca denominado «Catalinas Sur 2», otros en la playa ferroviaria de Palermo, etc., etc…
A esto debemos agregar la entrega de tierras pertenecientes al dominio público de la Ciudad, como las del Autódromo, las del Tiro Federal, las dedicadas a una playa privada de trasferencia de cargas de camiones pesados y la Terminal de Ómnibus (finalizada y sin uso) en la zona sur. Esta operatoria significó la liquidación de unas 300 ha de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires, las últimas no urbanizadas y, por esa condición, reclamadas públicamente por grandes inversores inmobiliarios.
2020 /
«GABINETE DE TIERRAS» / AABE / ProCreAr / IRSA
2020 julio 22 /
POSPANDEMIA: DESTINARÁN TIERRAS DEL ESTADO A PROYECTOS DE REACTIVACIÓN /
LN Maia Jastreblansky
El Gobierno resolvió destinar tierras fiscales o que pertenecen al Estado a distintos proyectos de reactivación económica en el marco del plan de la pospandemia ..El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó este miércoles una reunión en la Casa Rosada con el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino, y cuatro ministerios para evaluar el destino que podrían tener esos terrenos estatales. Inauguró una mesa de trabajo que quedó oficializada como «gabinete de tierras».
Según se anunció oficialmente, los terrenos se destinarán a la construcción de viviendas, a desarrollos agropecuarios y al emplazamiento de parques industriales…De la reunión participó la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, que tiene en carpeta el Plan Procrear, un programa que contempla construcción de viviendas, líneas de microcrédito y créditos hipotecarios.
También estuvieron en la Casa Rosada el ministro Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la titular de ANSES, Fernanda Raverta; y el titular de la Unidad de gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Alejandro Sehtman y Cavo. El ministro Matías Kulfas viene trabajando con mesas productivas regionales y conversó con los gobernadores la posibilidad de lanzar una línea de financiamiento para ampliar o crear parques industriales en las provincias.
2020 julio 26 / InfoBAE
LUIS BASTERRA: “ESTAMOS ANALIZANDO ALTERNATIVAS PARA QUE LOS PRODUCTORES PUEDAN
SER PROPIETARIOS DE TIERRAS DEL ESTADO…”
Mariano Thieberger /
En diálogo con Infobae, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca anticipó las iniciativas en las que trabaja el Gabinete de Tierras que puso en marcha el Gobierno…mientras tanto, en medio de la negociación con los bonistas y la administración de la cuarentena, se puso en marcha el Gabinete de Tierras. El objetivo es darle un nuevo impulso a la construcción de viviendas dentro del Plan Procrear y fomentar el desarrollo agropecuario. Dos medidas que, entienden en el Gobierno, deberían contribuir a la reactivación en la post pandemia.
Luis Basterra, es uno de los integrantes de ese Gabinete de Tierras que deberá trabajar para que parte de los bienes que se encuentran actualmente en la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sean destinados al desarrollo agropecuario. “Estamos analizando alternativas para que los productores puedan ser propietarios de tierras que hoy son del Estado, no hablamos de expropiaciones”
- ¿Cuál es el objetivo del Gabinete de Tierras que se puso en marcha esta semana?
- El objetivo es trabajar sobre el concepto de ordenamiento territorial y lo que significa el uso de los bienes del Estado. Hay locaciones de los ferrocarriles, las Fuerzas Armadas y los Parques Nacionales que quedaron bajo la órbita del Estado nacional. La tierra es un bien escaso que es demandada por otros actores, tanto públicos como particulares. A lo largo del tiempo, se va haciendo una transferencia de estos bienes hacia distintos sectores, dependiendo de la demanda. … (Ver «Esperan recaudar…»)
2020 agosto 18 /
APU Agencia Paco Urondo
En una nota hecha a la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, preguntada ésta por las diversas alternativas que ofrece el nuevo ProCreAr lanzado hacía pocos días, contesta:
Agencia Paco Urondo: Los microcréditos hasta $50.000 con una tasa del 24% para refacciones: ¿se van a empezar a sortear a partir de la semana que viene?
E. B.: Efectivamente, el martes que viene termina la inscripción a los créditos personales para refacción. Las personas interesadas deben entrar en la página del Ministerio de Desarrollo y Hábitat y completar un formulario, cuyos datos serán verificados por el Banco Hipotecario….
¿Qué significan los dichos de la Ministra Bielsa si los comparamos con lo que sucedía desde 2012 con respecto al ProCreAr y su relación con el Banco Hipotecario SA?
Por el Decreto PEN N° 902/12 se creó “el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”. A su vez “El Banco Hipotecario SA en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero “PRO.CRE.AR, a mérito del contrato suscripto en fecha 18 de julio de 2012 con el Estado Nacional… y en el marco de lo dispuesto por el Dto. N° 902/12 del PEN…» llamaba «…a concurso de ofertas para la construcción de viviendas…”. (Ver págs. 26 a 29)
Es decir que el Banco Hipotecario, SA con mayoría estatal, cuyo presidente desde 2009 era (y lo sigue siendo) Eduardo Elsztain -a su vez presidente de IRSA– tenía en sus manos los créditos hipotecarios, el manejo de las tierras y las ofertas para la construcción de las viviendas. Todo con dinero proveniente de la ANSES y con tierras del Estado Nacional.
LOS DICHOS DE LA MINISTRA BIELSA, REMITIENDO AL BANCO HIPOTECARIO A LOS INTERESADOS EN LOS CRÉDITOS, PARECEN ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS NEGOCIOS DE IRSA CON DINERO Y TIERRAS DEL ESTADO.
PROPUESTAS
TIERRAS DEL ESTADO NACIONAL. CÓDIGO DE PLANEAMIENTO
URBANO Y CÓDIGO URBANÍSTICO
El nuevo Código Urbanístico que reemplazó al anterior Código de Planeamiento Urbano, siguió manteniendo a las tierras del dominio público del Estado Nacional como zonas liberadas para la especulación inmobiliaria. El ítem 4.1. Cesiones de espacio público– cuyo texto es idéntico al del CPU anterior, en el que se fija que «En el parcelamiento de tierras de propiedad del Estado Nacional pasibles de enajenación o desafectadas del dominio o de un servicio público se destinará como mínimo el 65% de la superficie total para uso y utilidad pública…», mantiene los planes de urbanización a medida sobre el 35 % que no se menciona y que se dispone para la venta. De ese 65 % destinado a «uso y utilidad pública», aproximadamente la mitad se utiliza en apertura de nuevas calles y construcción de veredas, por lo tanto, sólo queda la otra mitad (aprox. un 30 % de la superficie original) que se podría dedicar específicamente a espacio verde público que, en esas condiciones, sólo atendería a la demanda de la nueva urbanización y no aportaría nada a la Ciudad. En consecuencia, se hace necesario materializar una nueva propuesta que modifique este ítem del nuevo Código Urbanístico, precisando: «En el parcelamiento de tierras de propiedad del Estado Nacional pasibles de enajenación o desafectadas del dominio o de un servicio público, se destine la superficie total para uso y utilidad pública».
Espacios verdes en CABA según el
GCBA y según la realidad
En sus publicaciones, el GCBA sostiene que la proporción espacios verdes públicos/habitante es de 6 m2/hab. y para ello toma cifras irreales, de las que debemos descontar: las plazoletas (77,8 ha la mayoría secas), los jardines de la Gral Paz (222,8 ha que no existen más después de los ensanches) y los polideportivos (27,4 ha con otro destino, muchos concesionados (como Club de Amigos o el Hípico Mediterráneo). Así, nos quedan 1378,9 ha que dividido 3 millones de habitantes, nos da 4,59 m2/hab. Si fuera cierta esa proporción, sólo correspondiente a parques y plazas (es muy dudoso que así sea), a esa cifra todavía le deberíamos descontar las inmensas superficies hormigonadas en casi todas las plazas a partir de 2005, cuando a Ibarra se le ocurre «poner en valor» unas 50 plazas. Ese proceso de «poner en valor» los espacios verdes (que no ha cesado) ha significado perder aproximadamente el 30% de la superficie absorbente en cada uno de ellos.
Por mi parte, tengo cifras históricas de la ciudad desde principios hasta finales del S XX, donde se puede apreciar la disminución de la proporción de espacios verdes por habitante desde 7 m2/hab a 3 m2/hab.
UN TEMA DE SUPERVIVENCIA
Teniendo en cuenta que por simple supervivencia debemos llegar como mínimo a una cifra cercana a los 10 m2 de espacio verde por habitante, como vecinos, como profesionales, como ciudadanos o como nos guste considerarnos, deberíamos impedir que siga prosperando “la santa alianza” entre especuladores, funcionarios, políticos varios y algunas asociaciones de mezquinos profesionales.
Se impone la necesidad de terminar con la liquidación de las últimas tierras públicas nacionales en aras de negocios inmobiliarios privados y dedicarlas a paliar el déficit de espacios verdes urbanos dedicados a solaz de la población y a su imprescindible contacto con la naturaleza.
HACIA UN SISTEMA METROPOLITANO DE GRANDES PARQUES
Tomando como un todo continuo a la Ciudad y el Gran Buenos Aires, el tema de los espacios verdes en el Área Metropolitana Buenos Aires se expresa en:
- Bajísimo promedio en la relación espacio verde parquizado/habitante: 1,17 m2
- Existencia de extensas áreas verdes y reservas supuestamente consolidadas pero en constante peligro de ser usadas para otros destinos. Son tomadas por funcionarios y especuladores como terrenos baldíos siempre aptos para cualquier “emprendimiento”.
- La ausencia de un plan serio de incremento de las áreas verdes en toda el Área Metropolitana Buenos Aires-AMBA.
Pero existen “reservas” en la Ciudad. Son las tierras del Estado Nacional dentro de su ejido: las residuales del ferrocarril (ex playas de carga), las propiedades desafectadas del Ministerio de Defensa (Dto. Mil. Bs. As, etc.), el desactivado Mercado Nacional de Hacienda, las cárceles próximas a demoler, etc. Su superficie en la Ciudad llega a unas 350 hectáreas.
En el Gran Buenos Aires, estas “reservas”, constituidas mayormente por instalaciones militares desactivadas (Campo de Mayo, Villa Martelli, Morón, El Palomar, etc.), antiguas playas ferroviarias (Alianza, Haedo, Lanús, etc.) y las tierras del INTA Castelar y el IFONA totalizan unas 8.000 hectáreas. La existencia de estos enormes predios, potencialmente aptos para ser utilizados como espacios verdes parquizados o naturalizados de recreación gratuita para la población, abre la posibilidad de instalar la idea estratégica de la puesta en marcha de un Sistema Metropolitano de Grandes Parques, respondiendo a las necesidades planteadas.
OPINIONES PUBLICADAS
ESPACIOS VERDES
LA NACIÓN / 8 de setiembre de 1998
La Academia Nacional de Bellas Artes, en su sesión plenaria del 20 de agosto de 1998, ratificó su posición con respecto a los terrenos de la zona de Retiro por entender que allí debe construirse un gran parque continuo frente al río, a medida que vayan quedando libres las tierras por el retiro de galpones y corrimiento de vías.
Una vez más la Academia reitera su posición al sostener que toda tierra pública desafectada de sus uso anterior debe ser dedicada a incrementar los espacios verdes de nuestra ciudad. Nelly Perazzo – Presidente
BUENOS AIRES BUSCA GANAR NUEVOS PARQUES Y PLAZAS.
MÁS ESPACIOS VERDES. 14 junio 1999
Clarín. Suplemento de Arquitectura (La 0.3)
Aprovechar las tierras libres
En los últimos 90 años, la proporción de espacios verdes parquizados por habitante en la Ciudad de Buenos Aires disminuyó un 70 por ciento. En consecuencia, estas áreas sufren una degradación permanente y mucha gente no tiene acceso a ellas.
Las soluciones planteadas en la reforma del Código no son serias. En cuanto a la rezonificación del Aeroparque, solo volvería a su uso original, ya que fue el gigantesco Parque de la Raza hasta la década de 1940. Es una buena propuesta, pero encubre la intención de permitir la construcción de la tristemente célebre aeroísla.
Según el Código propuesto, las tierras del Estado Nacional desafectadas de sus usos para su venta deben ceder el 65 por ciento para espacios públicos. Pero esto incluye calles y veredas, que son aproximadamente la mitad de ese porcentaje. La única propuesta seria es rezonificar como Urbanización Parque el cien por ciento de todos esos predios: las tierras del Estado Nacional de uso ferroviario, las desafectadas del Ministerio de Defensa, las cárceles próximas a demoler, entre otras. En total, su superficie suma unas 340 hectáreas. Esta es la última tierra disponible en la ciudad para conseguir más verde. Y sólo aumentaría en poco más de un metro cuadrado por habitante la superficie de espacio verde público.
Arq. Osvaldo Guerrica Echevarría
Clarín. Diario de Arquitectura.
17 de marzo de 2003
HAY QUE EVITAR EL SAQUEO
La Constitución Nacional es clara al otorgar facultades sólo al Congreso de la Nación para «Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional». Pero diferentes administraciones nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires crearon por Decreto organismos a los que se les transfieren las tierras y la facultad de enajenarlas.
Algunos ejemplos son la como la Comisión de Ventas de Inmuebles Estatales y sociedades anónimas como la Corporación Antiguo Puerto Madero. En 1989, el Poder Ejecutivo Nacional creó por decreto la Corporación Antiguo Puerto Madero SA y le transfirió «en propiedad» la fracción de tierra ubicada entre la Av. Córdoba y la calle Brasil, tomando como límite oeste las Avdas. E. Madero e Ing. Huergo. Uno de los fines de esta corporación, formada por el Estado Nacional y el gobierno porteño, es «la venta y/o locación de las tierras» pertenecientes a esa área.
El entonces presidente Carlos Menem, violando la Constitución Nacional, efectuó por decreto una transferencia de dominio de tierras del Estado Nacional a una sociedad anónima, a la que le otorgó las facultades del Congreso Nacional.
Este cuadro se completa con la pretendida venta a privados del 35% de las tierras desafectadas del uso ferroviario y el Convenio celebrados entre el Jefe de Gobierno porteño con el Presidente Eduardo Duhalde para entregar a la Corporación Antiguo Puerto Madero el área Retiro y la Isla Demarchi.
En Diario de Arquitectura la Corporación dijo que «su función no es realizar negocios sino rescatar terrenos urbanos» en desuso. Agregó que conceder tierras para emprendimientos privados es la «única forma conocida de generar recursos para invertir en las áreas para uso público». Estas frases suenan a cuento de hadas. Su real función, tal cual está expresada en el convenio anexo al decreto de su creación, suscripto por Carlos Menem, Carlos Grosso, Roberto Dromi y Eduardo Bauzá es promover «inversiones en el área, la actividad inmobiliaria y la construcción de obras nuevas y/o remodelaciones en la zona de las obras necesarias para convertirlas en un polo de desarrollo urbano» como «la venta y/o locación de las tierras.
En 1998 la Corporación decidió actuar «como inmobiliaria, constructora, desarrolladora, urbanizadora, asesora, project manager, fiduciaria, directora de obra, auditora, administradora, financiera, inversora», fuera del área y hasta en el exterior.
Parte del resultado de esta gestión está a la vista: no hay intervención del Congreso Nacional ni de la Legislatura porteña en el contralor del Poder Ejecutivo local y los balances no fueron auditados desde 1994.
Hay un fraccionamiento y venta de tierras eliminando un pulmón de más de 100 hectáreas entre los diques y el río, en Puerto Madero Este. Existen torres en construcción y proyectadas, con normativa especial para cada parcela, que transgredieron la legislación de Impacto Ambiental y están auto catalogadas como de «Bajo Impacto”. Además hay 19 hectáreas de espacios verdes que son los más caros de la historia, y es ínfima la proporción de tierra dedicada a este uso ante los metros cuadrados construidos y ha construirse.
La formación de la Coordinadora en Defensa del Patrimonio Público, integrada por entidades vecinales ambientalistas, sindicatos de trabajadores de áreas portuarias y organizaciones dedicadas al transporte, entre otros grupos, es la reacción ante un intento desmesurado de saqueo de tierras públicas y de pérdida de infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires.
Arq. Osvaldo Guerrica Echevarría
LAS TIERRAS FISCALES, BOTÍN DEL GOBIERNO.
LA NACIÓN / 2013 agosto 21
Ahora que caen edificios y monumentos bajo la moda de iluminar hasta los conventos con luz de discotecas, no deja de ser un alivio saber que ni el edificio de la Casa Rosada ni el del Congreso podrán convertirse en hoteles boutique o en centros comerciales, como sucedió con muchas escuelas en los privatistas años noventa. Pero como cambiaron los vientos y ahora el Estado quiere ser patrón, el viejo organismo que administraba nuestros bienes se ha convertido en una súper agencia inmobiliaria que bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete puede hacer lo que quiera con ellos, con la única excepción de los que integran el patrimonio cultural, histórico y natural, lo que explica la ironía del inicio.
Como este «Estado patrón» no admite control ni cumple con la obligación de dar información, inquieta saber qué destino tendrán las tierras fiscales en uso militar después de la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Con un gobierno que sólo habla de dinero y ha hecho del pragmatismo una jactancia, atemoriza pensar cómo se administrarán esos bienes. Esta agencia puede hacer lo que quiera sobre los inmuebles del patrimonio nacional: desde enajenarlos hasta donarlos. Alcanza con declararlos innecesarios o sin destino.
A tres décadas de la democratización que consagró derechos humanos fundamentales como el derecho a la información, no conocemos cuáles y cuántas son las tierras en custodia del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Menos aún, cuáles son explotadas comercialmente o cuál es el destino del dinero de la venta o de la actividad agropecuaria que en ellas se desarrolla. En los últimos años, el Estado alquiló a productores privados miles de hectáreas, especialmente del Ejército Argentino, para la actividad agropecuaria. Sobre todo a grandes «pooles de siembra», bajo diferentes formas societarias, especialmente fondos fiduciarios denunciados por los pequeños y medianos productores por la competencia desigual a la hora de la licitación pública de esos predios. Tras la fallida «Resolución 125», el Ministerio de Defensa prohibió en 2009 el cultivo de soja transgénica en las tierras bajo su administración. Ahora, en coincidencia con la disputa por la falta de trigo, el flamante ministro de Defensa firmó un convenio con el INTA para crear áreas rurales productivas en las tierras de las Fuerzas Armadas. Eso significa que el Estado será ahora productor de soja y trigo. Entre el «yuyo» rentable y la falta de trigo y el manejo absoluto del Poder Ejecutivo sobre las tierras del Ejército podremos ver a nuestros militares cultivando en una especie de soviets de verde oliva, controlados por la Unidad de Coordinación de Producciones Agropecuarias. Cuando no existe información, el peligro de poner en riesgo bienes que conforman nuestro patrimonio natural se agrava todavía más. Es lo que sucede en la provincia de Córdoba: la AABE ya hizo consultas para sembrar trigo en las áreas que hoy ocupa el Tercer Cuerpo de Ejército, algo que su status de Reserva Natural Militar le impide. En 2007 el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales firmaron un convenio con el fin de preservar los recursos naturales que poseen muchas tierras en manos de las Fuerzas Armadas. Aquel acuerdo replicaba el compromiso internacional asumido por nuestro país al firmar el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para incrementar en un 10% hasta 2015 la superficie de áreas protegidas. Así surgió la figura de los Espacios Naturales de Interés para la Conservación (ENIC) y las Reservas Naturales Militares.
Recién había estrenado mi banca de diputada cuando un grupo de asociaciones civiles, que incluían desde el Rotary Club hasta la organización de Hijos, me pidió que solicitara, mediante un proyecto, que las tierras del Tercer Cuerpo de Ejército, donde está, también, el campo de detención clandestino «La Perla», fueran declaradas ENIC. Fue un trabajo tan desafiante como eficaz. Una víctima de la dictadura puesta a reconstruir confianza y trabajo común con el Ejército de la democracia. Así, cada uno cumplió su rol, el Ministerio de Defensa, Parques Nacionales, las asociaciones civiles, la Universidad y muchos ciudadanos comprometidos. Entre todos, conseguimos que esas tierras fueran protegidas como Reserva Natural Militar. Sin embargo, hoy, con la creación de la AABE y la posibilidad de que se entreguen hectáreas para la siembra, se corre el riesgo de perder esa protección. Nunca logré la información solicitada al Ministerio de Defensa sobre la cantidad y calidad de sus bienes, pero al verificar los registros de la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, constatamos que en 2004 se destinaron 8880 hectáreas pertenecientes al Ejército para el cultivo exclusivo de soja o para cultivos mixtos, de trigo y soja o cosecha fina y soja; en 2005 esa cifra fue de 4290 hectáreas; en 2006 ascendió a 5251; un año después, 6683 hectáreas y, para 2008, la cifra había vuelto a crecer a 8500 hectáreas. Si a la desinformación se le agrega el utilitarismo de ver sólo precios donde deben consagrarse valores, la respuesta del destino de esas tierras fiscales surge sola. El Gobierno que confunde al Estado como bien propio no puede dejar de ver a las tierras fiscales como «una cosa» para conseguir dinero, ya sea como patrimonios personales o la naturaleza misma convertida en recursos financieros, se trate de minas o de petróleo. Nunca la idea moderna, y por eso progresista, de concebir a la naturaleza intrínseca de la tierra como un bien común y superior: el ambiente, al que debemos proteger para las futuras generaciones. Si como se vaticina, las guerras futuras serán por el agua, qué mejor función se les puede dar a las Fuerzas Armadas que ser custodios de ese bien escaso, consagrado como derecho humano por las Naciones Unidas. Y si se define al Estado como una abstracción ideológica para justificar su intervención en negocios privados, sin control democrático, el posible uso de las tierras fiscales en «unidades de producción agropecuaria» desnuda la concepción antidemocrática de un gobierno que utiliza lo que es de todos como si fuera un botín propio, cuando lo que debería hacer, en realidad, es abrir la discusión sobre cuál sería el mejor destino, en cada región de nuestro país, para esos bienes…
TIERRAS DEL ESTADO /
Carta de Lectores / LN / 2016 septiembre 21
La Constitución es clara en cuanto a otorgar facultades sólo al Congreso para «disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional» (art. 75 – inc. 5). El texto refiere genéricamente a «tierras nacionales», sin importar a qué organismo pertenecen y si son de dominio privado o de dominio público del Estado. No obstante, por decreto PEN Nº 1382/12 se creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y, desde ese momento, las tierras públicas del país pasaron a depender de ese organismo, que entre sus facultades tiene la de poder efectuar todas las operaciones posibles sobre ellas (enajenación, desafectación, declaración de estado de innecesaridad, etc.). Este decreto también derogó dos leyes y modificó otra, irregularidades por demás significativas. No soy abogado, pero supongo que un decreto del Poder Ejecutivo no puede modificar leyes y menos la Constitución, de ahí que ponga en duda la legitimidad de la existencia de la AABE y de sus facultades para enajenar tierras nacionales.
Osvaldo Guerrica Echevarría
ARQ. Revista de Arquitectura.
18 de junio de 2018
A ESTE PASO, BUENOS AIRES NO SERÁ UNA «CIUDAD VERDE»
LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS
Oficialmente, el GCBA sostiene que, con 1826 ha de espacios verdes, la Ciudad cuenta con 6 m2/hab. En sus cálculos incluye plazoletas (77,8 ha secas), los jardines de la Av. Gral Paz (222,8 ha que no existen más después de los ensanches) y los polideportivos (27,4 ha muchos concesionados). Descontando esos valores, quedan 1378,9 ha que, dividido 3 millones de habitantes, nos da 4,59 m2/hab. Pero además, a esa cifra todavía le deberíamos descontar inmensas superficies impermeabilizadas en casi todas las plazas a partir de 2005, cuando se inicia su «puesta en valor». Ese proceso no ha cesado y ha significado perder aproximadamente el 30% de la superficie absorbente de casi todos los espacios verdes de la ciudad.
Los datos reales varían -según su origen- entre 3 y 4 m2/hab como máximo, muy por debajo de los entre 10 y 15 m2/hab recomendados internacionalmente.
Pero estas cifras tienen otro aditamento: el uso de los espacios verdes de la Ciudad que se ven obligados ahacer millones de habitantes del Gran Buenos Aires ya que, tomando todas las ciudades que lo integran, allí, la proporción es de 1 m2 de espacio verde / hab, existiendo localidades enteras con cero (0) m2/hab de espacio verde público.
NUEVO CÓDIGO URBANÍSTICO
Uno de los objetivos centrales del proyecto de nuevo Código Urbanístico presentado por el Gobierno de la Ciudad, es el aumento de la constructividad, es decir, la posibilidad de construir más metros cuadrados cubiertos por parcela, permitiendo mayores alturas -y uniformes- en los edificios a lo largo de las diferentes calles y avenidas y el «completamiento» de esa altura en las esquinas, hasta ahora exceptuadas, detalle no menor que se traducirá en un agravamiento de los déficits de ventilación e iluminación al interior de la manzana y en los edificios linderos.
La consecuencia del aumento de la constructividad, además del evidente encarecimiento del suelo, es posibilitar mayor cantidad de habitantes. La concreción de esta posibilidad, automáticamente, se convertirá en una disminución de la proporción de espacios verdes por habitante, sea cual fuere esta cifra, dado que en ningún lugar del proyecto figura cómo, ni de dónde, ni cuándo, se agregará espacio verde público al existente. Estos temas descriptos anteriormente, denotan una ausencia total de criterios urbanoambientales en el proyecto de ley presentado y lo transforma en sólo un «Código Morfológico», es decir, que sólo atiende a las formas.
TIERRAS PÚBLICAS DEL ESTADO NACIONAL
El proyecto sigue manteniendo a las tierras del dominio público del Estado Nacional como zonas liberadas para la especulación inmobiliaria. El ítem 4.1. Cesiones de espacio público– cuyo texto es idéntico al del CPU vigente, en el que se fija que «En el parcelamiento de tierras de propiedad del Estado Nacional pasibles de enajenación o desafectadas del dominio o de un servicio público se destinará como mínimo el 65% de la superficie total para uso y utilidad pública…», mantiene los planes de urbanización a medida sobre el 35 % que no se menciona y que se dispone para la venta. De ese 65 % destinado a «uso y utilidad pública», aproximadamente la mitad se utiliza en apertura de nuevas calles y construcción de veredas, por lo tanto, sólo queda la otra mitad (aprox. un 30 % de la superficie original) que se podría dedicar específicamente a espacio verde público que, en las condiciones dadas, sólo atendería a la demanda de la nueva urbanización y no aportaría nada a la Ciudad.
Se hace necesario materializar una nueva propuesta que modifique este ítem en el nuevo Código Urbanístico, precisando: «En el parcelamiento de tierras de propiedad del Estado Nacional pasibles de enajenación o desafectadas del dominio o de un servicio público, se destine la superficie total para uso y utilidad pública».
LIQUIDACIÓN DE TIERRAS PÚBLICAS
Hasta 2012, las tierras del dominio público del Estado Nacional dentro de la Ciudad sumaban unas 360 ha. De haberlas reconvertido en su totalidad, hubiera aumentado en aproximadamente 1,2 m2 por habitante la superficie de espacios verdes públicos.
Pero, a partir de 2012 comienza la liquidación de las playas ferroviarias con la aprobación legislativa de su urbanización y las ventas por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, a través de un organismo inconstitucional como es la Agencia de Administración de Bienes del Estado –AABE (creada por DNU 1382/12) de las de Palermo, Caballito, Liniers y Estación Buenos Aires. A estas urbanizaciones y ventas hay que agregar la dispuesta para 12 ha de tierras nacionales en Isla Demarchi (Dto, PEN N° 1722/12, modificado por Dto. PEN N° 153/17).
Ya en 2016 / 2018, en una combinación de leyes de urbanización a medida y Decretos de venta, se suceden: la liquidación de las playas ferroviarias de Chacarita y Colegiales, de un importante sector de la de Retiro y de otro predio ferroviario adyacente a Barrio Parque; otro perteneciente a Vialidad Nacional lindero con la Av. Gral. Paz, varios al Ejército en Palermo, de un importante predio ferroportuario en Catalinas Norte y otro en La Boca denominado «Catalinas Sur 2». A esto debemos agregar la entrega de tierras pertenecientes al dominio público de la Ciudad, como las del Autódromo, las del Tiro Federal, las dedicadas a una playa privada de trasferencia de cargas de camiones pesados y la Terminal de Ómnibus (finalizada y sin uso) en la zona sur.
Esta operatoria significó la liquidación de unas 300 ha de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires, las últimas no urbanizadas y, por esa condición, reclamadas públicamente por grandes inversores inmobiliarios.
ÚLTIMAS POSIBILIDADES:
VIADUCTOS Y BAJO VIADUCTOS FERROVIARIOS / MERCADO NACIONAL DE HACIENDA
Los viaductos ferroviarios que se están construyendo en una extensión total de 14,5 Km a lo largo de las Líneas San Martín (5 Km), Mitre (3,9 Km) y Belgrano Sur (5,6 Km), elevan el recorrido del tren a 9 m de altura, creando zonas libres donde anteriormente había terraplenes y vías a nivel. Estos espacios, los bajo viaductos, que generarán una superficie de unas 27 ha, están destinados, por este proyecto de nuevo Código Urbanístico, a ser corredores comerciales.
Sin embargo, vista la carencia absoluta de propuestas oficiales al respecto, se impone la necesidad de formar aquí nuevos espacios verdes con equipamiento público para contribuir a aliviar el hacinamiento existente y el por venir.
Por otra parte, también está pendiente el traslado del Mercado Nacional de Hacienda, que con sus más de 32 ha es, potencialmente, generador de espacios ver des y equipamiento público, pero además, una tentación para cualquier emprendedor inmobiliario amigo.
FINAL NO FELIZ
Esta liquidación irregular de tierras nacionales por Decreto, más la urbanización y venta de tierras públicas de la Ciudad, abortó la posibilidad de que los porteños y sus eventuales residentes podamos disponer de poco más de 1 m2 más de espacio verde por habitante. Lo poco que queda ya sólo podrá significar unos pocos centímetros más por habitante. La «Ciudad Verde» no existirá.
Arq Osvaldo Guerrica Echevarría
TERRENOS /
Carta de Lectores / LN 2019 julio 06
Leo nuevamente que el gobierno de la ciudad vendió un predio en Colegiales de todos los porteños. Me pregunto por qué no hace plazas con más verde y predios deportivos, que faltan y mucho en nuestra ciudad. Me parece que se les está yendo la mano: el Tiro Federal, el Cenard, el predio de Dorrego, el terreno cerca del puerto, tierras del ferrocarril, sastrerías militares y muchos predios más.
¿No será mejor que realice un plebiscito y pregunte qué quieren los porteños? ¿Más construcciones o más verde? Ni la oposición se atrevió a tanto. Espero que recapaciten y dejen de vender lo que no es de ellos.
Verónica María Carman / DNI 21.832.935
LA TIERRA PÚBLICA:
RECURSO URBANO NO RENOVABLE
Se privatizaron las rutas, la salud, la educación, el transporte, la producción y transporte de energía, ¿por qué no el espacio público y cualquier forma de esparcimiento al aire libre?
Si la tierra pública urbana por su valor económico y social constituye uno de los bienes más importantes de la población, ¿Por qué no incorporarla en el marco de las reivindicaciones sociales como el salario, la vivienda, la salud y la educación?
La actual coyuntura exige prestar singular atención a las políticas urbanas y ambientales que, si bien han pasado a formar parte del discurso de la mayoría de los referentes del espectro político, los hechos han demostrado que han sido utilizados solamente como una novedosa ornamentación a la moda, de la que rápidamente se desprenden a la hora de cumplir los mandatos con el poder real. Habien- do rematado a esta altura de la historia la mayoría de los bienes del Estado, la avidez insaciable del capital financiero se vuelca sobre las inversiones urbanas, específicamente sobre lo que se ha dado en llamar las «tierras vacantes». Las condiciones les son favorables en este momento y encuentran campo propicio para la gestión fraudulenta en la concentración de la atención pública sobre cuestiones económicas y sociales de importancia decisiva y gran repercusión política, y un Gobierno de la Ciudad que, bajo una aureola de prescindencia, avanza crípticamente en el desarrollo de maniobras que facilitan este aspecto del despojo.
La tierra pública urbana es un bien que ha entrado en el campo de la disputa, no solo involucra a los predios que han sido desafectados de usos señalados con el eufemismo de “vacantes”, han pasado a ser parte del botín del saqueo. El carácter que adquieren las acciones emprendidas desde el estado para materializar el avance sobre las tierras públicas constituyen la manifestación de una «política de estado» aliada con los sectores más concentrados del capital financiero, tal es la particularidad de la época.
Arq. Emilio Grass – APEVU –
«PALERMO, AMIGOS DEL LAGO Y DESPUÉS
. En defensa de las tierras públicas» Osvaldo GE. Edición 2006
Esa trama está compuesta asimismo, por las acciones de especulación, el pillaje y la rapiña sobre las tierras costeras de la ciudad y todo otro tipo de tierras públicas (en estos momentos, las que toda-vía se mantienen bajo el dominio del Estado Nacional dentro de la Ciudad y el Gran Buenos Aires).
Abordada de una manera particular, ya que no soy historiador (y menos escritor), también está constituida por datos cronológicos y documentales directos. Alguien, en algún momento, escribirá un libro de otra calidad. Esta es la base de datos.
Básicamente, el objetivo del trabajo realizado ha sido conservar la memoria. Para que la historia oficial –en donde parecería que todo lo hacen los grandes funcionarios, los grandes empresarios y los grandes «pensadores»- no olvide lo que diariamente construyen los vecinos y sus organizaciones. Eso nunca tuvo registro. Ahora lo tendrá.
La intención también es conservar la memoria de lo actuado por funcionarios y legisladores, que han pro-cedido (y siguen procediendo) en el ejercicio de sus funciones, como peligrosos otorgantes de patentes de corso; que no se confíen en la impunidad que da la ignorancia o el olvido sobre su accionar.
(del Prólogo)
La ASOCIACIÓN AMIGOS DEL LAGO DE PALERMO ha sido una de las entidades vecinales más reconocidas de la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos quince años.
Esta es su historia y la del parque que le dio origen: el PARQUE 3 DE FEBRERO, el mayor, más antiguo y valio-so de la Argentina. Su creación, su ampliación y el saqueo de sus tierras, ejecutado salvaje y concienzudamente por cuanto funcionario nacional o municipal tuvo acceso a ello, es la trama de fondo donde se mueven los personajes que circulan por este libro.
Viene de Parte 4:
https://www.palermomio.com.ar/tierras-publicas-liquidadas-en-caba-por-decreto-politica-de-estado-1978—2020—parte-4-de-5
Osvaldo Guerrica Echevarria
[email protected]
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Guerrica Echevarría, Osvaldo Angel
Liquidación de tierras públicas por decreto : Política de Estado : Ciudad de Buenos Aires 1978-2020 /
Osvaldo Angel Guerrica Echevarría. – 1a ed.ilustrada. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Osvaldo Angel Guerrica Echevarría, 2020.
48 p. ; 21 x 30 cm. – (Osvaldo Angel) ISBN 978-987-86-6016-5
1. Historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. I. Título. CDD 982.11
Hecho el depósito que indica la Ley N° 11.723 – Todos los derechos reservados
Se terminó de imprimir en septiembre de 2020 – en Centro Láser – Rivadavia 1819 – CABA